Por Christian Meza
Intérpretes y traductores indígenas en materia de justicia penal denunciaron que, pese a contar con capacitación oficial desde hace más de una década, actualmente no están siendo contratados por las instituciones, lo que afecta directamente el acceso a la justicia de personas que no hablan español.
De acuerdo con Dalia de la Rosa, una de los intérpretes, alrededor de 30 traductores certificados en lenguas como wixárika, cora, tepehuano y mexicanero fueron capacitados en 2013 por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), sin embargo, actualmente ninguno cuenta con trabajo.
Señalan que en administraciones anteriores sí eran requeridos para apoyar en procesos judiciales, pero actualmente han dejado de ser llamados bajo el argumento de falta de recursos.
El problema, advierten, es grave, ya que existen personas privadas de la libertad que no hablan español ni comprenden términos jurídicos, lo que limita su derecho a una defensa adecuada.
“Hay internos que no entienden lo que se les dice en los juicios. Nosotros estamos preparados para traducir, pero no nos contratan”, señalaron.
Además, denunciaron que en algunos casos existe desinterés por parte de autoridades, quienes consideran que el uso de intérpretes retrasa los procesos judiciales.
“Dicen que es tardado, que les da flojera, pero es necesario”, afirmaron.
Los intérpretes hicieron un llamado a las autoridades para retomar su contratación, al señalar que su labor es fundamental para garantizar los derechos humanos de las comunidades indígenas.
