Por Christian Meza | Con información de El País y Erika Rosete
El atentado contra el activista Erik Saracho encendió las alertas en Nayarit y volvió a poner sobre la mesa el riesgo que enfrentan quienes defienden el territorio en México.
Saracho, defensor ambiental con años de lucha en la región de Bahía de Banderas, sobrevivió a un ataque armado ocurrido el pasado 11 de marzo, cuando un sujeto le disparó afuera de su domicilio. A pesar de las heridas, el activista ha sido claro: “Si me matan ahora, el mensaje que queda es el de un Estado fallido”.
El activista ha encabezado diversas luchas contra desarrollos inmobiliarios en la costa de Nayarit, denunciando presuntas irregularidades, invasión de zonas federales y afectaciones ambientales.
Días antes del ataque, Saracho había sostenido reuniones con autoridades municipales y representantes de proyectos turísticos en la zona, lo que ha generado cuestionamientos sobre el contexto en el que ocurrió la agresión.
Aunque las investigaciones continúan, el propio defensor advierte que no se trata de un hecho aislado, sino de un reflejo de la vulnerabilidad en la que viven quienes alzan la voz.
El caso también exhibe la tensión constante entre el crecimiento turístico y la defensa del territorio en destinos como Bahía de Banderas, donde el desarrollo inmobiliario ha sido señalado en múltiples ocasiones por comunidades y activistas.
Saracho ha insistido en que el problema no es individual, sino estructural: “No es el activista quien debe enfrentar esto, es el Estado quien tiene que garantizar la seguridad”, ha señalado.
El mensaje del activista va más allá de su caso personal. Es una advertencia sobre la falta de condiciones para ejercer la defensa social en México.
Mientras las autoridades continúan con la investigación, la exigencia es clara:
Que se esclarezca el ataque y se garantice la seguridad de quienes defienden causas sociales.
