Por Christian Meza
Más de 40 mil servidores públicos en Nayarit están obligados a presentar su declaración patrimonial como parte del proceso anual de rendición de cuentas, informó el titular de la Unidad de Buena Gobernanza, Roberto Valencia, en entrevista para Nayarit 360.
El funcionario explicó que actualmente se encuentran en la etapa de precarga de información, la cual concluirá el próximo 30 de abril, previo al periodo oficial de presentación que se realiza durante el mes de mayo.
Detalló que esta obligación aplica para todos los trabajadores del gobierno estatal, incluyendo personal de base, confianza, contrato y organismos descentralizados.
“Es una obligación para todos los servidores públicos”, subrayó.
Valencia advirtió que el incumplimiento de esta disposición ya ha generado consecuencias en años anteriores. Señaló que, correspondiente al ejercicio 2025, se han iniciado procesos de investigación contra funcionarios que no presentaron su declaración.
Hasta el momento, informó que 20 servidores públicos han sido citados para comparecer y realizar las aclaraciones correspondientes.
El titular de la Unidad de Buena Gobernanza explicó que las inconsistencias detectadas no solo incluyen la omisión del trámite, sino también errores en la captura de datos.
Entre los casos, mencionó errores gramaticales o de formato, como la omisión de puntos decimales, lo que puede generar discrepancias importantes en los ingresos reportados.
“Hay casos donde, por errores en la captura, se interpretan ingresos distintos a los reales”, indicó.
Sin embargo, también destacó que existen situaciones donde los ingresos o el patrimonio declarado no corresponden con los salarios percibidos, lo que requiere una revisión más profunda.
Actualmente, las carpetas de investigación continúan en proceso y, de acuerdo con el funcionario, las sanciones dependerán de cada caso conforme a lo establecido por la ley.
Estas pueden ir desde sanciones administrativas hasta inhabilitaciones, en caso de comprobarse irregularidades.
Finalmente, reiteró el llamado a todos los servidores públicos a cumplir en tiempo y forma con esta obligación, a fin de evitar sanciones y garantizar la transparencia en el ejercicio de sus funciones.
